Históricamente el Derecho Penitenciario se ha definido como el “conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas de libertad”, pero actualmente en el ordenamiento jurídico español el Derecho Penitenciario también se ocupa de la ejecución de las penas no privativas de libertad, como por ejemplo la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que fuera introducida como novedad por el Código Penal del año 1995.

​

El Derecho Penitenciario es una disciplina jurídica reciente, discutiéndose por parte de la doctrina si se trata de una disciplina independiente o de una rama dentro del Derecho Penal o del Derecho Procesal Penal. Esta especialidad se intensifica y comienza a desarrollarse normativa específica en materia de ejecución de las penas, como consecuencia de la importancia que adquieren las penas privativas de libertad a partir del Siglo XIX.

 

Las Instituciones Penitenciarias ocupan un lugar central en la política de seguridad y en la política de control social de cualquier país. El Estado tiene la obligación de construir y mantener estos espacios de rehabilitación y preparación para la reinserción social del individuo, destinados a aquellas personas que han cometido un delito grave.
 

El Artículo 25.2 de la Constitución Española, establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…» y que el condenado «…tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad». 

​

Los servicios que prestamos en este ámbito están orientados a obtener:

   

• Libertad Provisional

• Indulto

• Solicitud de cambio de Centro Penitenciario

• Derecho a comunicaciones con familiares

• Permisos Ordinarios

• Permisos Extraordinarios

• Progresión de grado (Primero, Segundo y Tercer Grado)

• Solicitud de Libertad Condicional